En definitiva, es necesario reconocer las medidas mas arriba anunciadas como de extraordinaria y urgente necesidad, en la medida en que ambos géneros de servicios (taxi y VTC) conviven en un mismo sistema público de movilidad, que, en consecuencia, no puede ser regulado de manera parcial y ha de responder a unos principios que aseguren la sostenibilidad, la calidad y la seguridad vial. Presentación de peticiones de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables o de métodos simplificados de autorización de proyectos de energías renovables al amparo de lo previsto en capítulo III del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las secuelas económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta previsión está fundamentada en la intención de garantizar que la prestación de estos servicios se haga en condiciones de calidad, suficiencia y homogeneidad, fomentando la protección de los usuarios y destinatarios de los servicios, tal como la universalidad, accesibilidad y continuidad en la prestación, como notas esenciales del transporte de viajeros en automóviles de turismo, en los términos preparados en la normativa autonómica. En cualquier caso, esta reducción deberá ser adicional a la que pudiera ser de las obligaciones derivadas por la condición de beneficiario de la red social autónoma y/o entidad local correspondiente de las ayudas directas que se recogen el artículo 1 de este real decreto-ley para la reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje.

Las bonificaciones establecidas en el artículo, se financiarán con cargo al presupuesto para 2023 de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», programa 441M «Subvenciones y Acompañamiento al Transporte Terrestre» y concepto 477 «Ayudas para reducción del precio de títulos multiviaje en las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera rivalidad de la AGE». Se atribuye la rivalidad para la gestión de las ayudas reguladas en este capítulo a la Administración Tributaria que tenga atribuida la rivalidad para la gestión de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional establecida en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales. Los adjudicatarios de esta asistencia van a deber realizar todas y cada una de las obligaciones establecidas en el producto 52 bis de la Ley de Impuestos Particulares y su normativa de desarrollo. El importe individual de la ayuda se determinará para cada buque en función de su arqueo salvaje y de las millas recorridas en su servicio regular.

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El producto 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Se configura, por tanto, esta regla como un instrumento con unos contornos bien establecidos en los que el juicio político de ocasión y necesidad disfruta de un extenso margen, siempre que se oriente en lograr un resultado concreto ante una situación de urgencia ineludible. El presente real decreto-ley incorpora también otras medidas urgentes para contemplar algunas lagunas que están teniendo un impacto muy negativo desde el punto de vista económico o social. A partir de 2023 las sociedades concesionarias remitirán a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en los primeros 15 días naturales de cada período de tres meses, una relación de los tránsitos que se hayan producido en el período de tres meses anterior, indicando sus capital por peaje y los que habrían percibido si no se hubieran aplicado las medidas reguladas en este artículo. Los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las ocasiones de fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica todavía dan cobertura a un número considerable de trabajadores de compañías que aún no pudieron retornar a la actividad, con lo que concurren razones de excepcional y urgente necesidad para tener nuevo la prórroga de las medidas poco comúnes ya previstas para paliar dicha situación.

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Se permite al Administrador Técnico del Sistema para comprar gas natural designado a existencias mínimas de seguridad en el mercado ordenado de gas en el caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados y a contratar y facturar la aptitud necesaria en los almacenamientos subterráneos. B) A la aptitud asignada en la subasta del producto anual, que no esté destinada al almacenamiento de existencias mínimas de seguridad estratégicas u operativas del sistema, así sean propias o arrendadas a terceros, se le va a aplicar un canon de almacenaje de 0 €/kWh/día/año mucho más la prima resultante de la subasta. Estas circunstancias conllevan que la tramitación ordinaria legislativa retrasaría en demasía la app de las medidas proposiciones, en el momento en que la verdad de hoy exige siempre adoptarlas urgentemente. Las sociedades concesionarias facilitarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cualquier comprobación que se estime oportuna con relación a la documentación remitida. Al lado de la prórroga de las medidas de apoyo público para eludir que se comprometa el tejido productivo y para reducir los efectos sociales y económicos, es necesario prorrogar las medidas de acompañamiento precisas para asegurar la protección popular, evitando despidos y destrucción de cargos laborales en dichas situaciones poco comúnes, temporales y urgentes. Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, se va a aplicar el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y compras intracomunitarias de gas natural, briquetas y «pellets» que proceden de la biomasa y a la madera para leña. El tipo del recargo de equivalencia aplicable, a lo largo del ámbito temporal mencionado en el apartado anterior, a las entregas de briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña será el 0,625 por ciento. También, se prevé la instrumentación jurídica de los medios que se precisan para el acompañamiento a la administración que implican los arbitrajes en temas de energías renovables, entre el Ministerio de Justicia (Abogacía General del Estado), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y también IDAE.

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Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisión referidas dictará, en el plazo de tres días, coche declarando la inadmisión y la solidez de la resolución recurrida, con imposición al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los términos establecidos en esta ley y sin que quepa recurso contra esa resolución. De lo contrario, la Salón señalará día y hora para la deliberación, votación y fallo del recurso de casación.

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Tenía que ver con limitar los costos económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, agarrar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al tiempo las bases de la restauración económica y de la creación de empleo de calidad. Además de esto, se adoptó un considerable aumento de las prestaciones sociales (Ingreso Mínimo Escencial y pensiones no contributivas) y otras medidas de protección para los colectivos mucho más atacables. Entre las medidas adoptadas, cabe indicar la bajada de los impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un escudo social para respaldar en especial a los colectivos mucho más atacables, además de esenciales ayudas a los campos productivos más afectados por el alza de los precios de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, las industrias electro y gas intensivas. El auto de inadmisión comportará, en su caso, la pérdida del depósito constituido, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que sea correcto, según la sentencia de suplicación. Por ese fundamento, no es susceptible de aprobarse un paquete de medidas de tal impacto y envergadura con la urgencia requerida si no es por medio de un real decreto-ley. Pasado el plazo a que tiene relación el producto anterior, háyanse presentado o no los escritos de oposición, el letrado o letrada de la Administración de Justicia señalará día y hora para la celebración loja de crianças la visión cuando el tribunal hubiera resuelto, mediante providencia, por considerarlo favorable para la mejor impartición de justicia, la celebración de dicho acto. Es, por ende, imperioso que los Poderes públicos atiendan a estas pretensiones acuciantes en el sector para garantizar su viabilidad y sostenibilidad, prestando asistencia a su mantenimiento en esta coyuntura tan frágil.